Presentación

  Rodolfo Ángel Santecchia

Consultoría para cooperativas

El sector cooperativo de servicios públicos enfrenta en estos años, innumerables desafíos que no fueron los que dieron origen a las entidades durante el siglo XX.

Las necesidades que los pioneros supieron interpretar y enfrentar con decisión y sin mucha discusión sobre el futuro, pues había que resolver con urgencia la ausencia tanto del estado como del sector privado comercial, se han tornado sumamente complejas y cambiantes.

Hoy existe además un sector empresario del sector de la economía solidaria, que ha perdurado, se ha consolidado y representa una garantía de que el capital social acumulado durante décadas por nuestras comunidades, puede ser aplicado eficientemente a resolver nuevas necesidades que la vida moderna ha impuesto.

Pero además, la mayor dificultad que enfrenta el sector, ya no es la de demostrar que existe “otro camino posible”, sino la de asegurar que esa vía por la cual se encarrilan servicios de complejidad creciente auto prestados por nuestras comunidades tienen asegurada la sustentabilidad, la eficiencia y la autonomía frente a otros prestadores concentrados.

Las cooperativas argentinas siguieron en muchos casos el camino de la uniactividad en servicios eléctricos, a la multiactividad donde se fueron sumando servicios de diversa índole.

Los de telecomunicaciones y radiodifusión, avanzaron separados, tal como estaba regulado por las leyes y estos últimos incluso fueron impedidos por la famosa Ley de Radiodifusión, que por suerte ahora está superada, aunque con demoras en su aplicación efectiva.

Sin embargo, ese futuro de servicios convergentes o de “triple play” como se denominan, requiere más que nunca organizaciones que den importancia superior a la planificación estratégica, para desarrollarlos en plenitud.

Generalmente las cooperativas actúan cautelosamente, debatiendo con calma las decisiones de largo plazo. Eso está bien y es saludable para que las decisiones sean aceptadas y no tenga marcha atrás. Pero también es cierto que a veces nos falta planificación estratégica, que involucre la totalidad de las variables a considerar, tanto financieras, legales o regulatorias, organizativas, de mercadeo, de producto, tecnológicas…

A veces las organizaciones de grado superior como las federaciones, ayudan en la clarificación. A veces, sufren igual que las cooperativas de base. Es que en el fondo somos todos parecidos.

Frente a esta situación y las grandes oportunidades de negocio en el campo de las telecomunicaciones que se nos presentan en los años por venir, que tampoco serán tantos, pues ya sabemos que las necesidades siempre terminan siendo cubiertas o por las cooperativas, o por otras organizaciones; me he decidido poner a disposición del Movimiento Cooperativo, los veinticinco años de experiencia que afortunadamente acumulé desde su mismo seno. Esta vez lo hago desde una posición profesional, independiente y externa; pero resguardando las visiones, los saberes, las sensaciones que provienen de la práctica consecuente en organizaciones cooperativas en todo ese tiempo.

Existen muchos profesionales de diversas incumbencias que poseen amplios conocimientos; pero a una capacitación demostrable en estas dos décadas y media, puedo en mi caso, agregar la adscripción plena y convencida al ideario y al punto de vista cooperativo. La mayor parte de mi trabajo y mi estudio ha estado en función de las cooperativas. Eso da otra perspectiva y ofrezco compartirla.

Por eso nuestra consultoría, que hemos fundado con otros profesionales de experiencias similares y de incumbencias diversas, se denomina “para cooperativas”. Las soluciones que ofrecemos son estrictamente para este tipo de empresa y abarca una amplia gama de soluciones que nos ofrecemos, asesorar, integrar, acompañar e instalar en cada caso en particular.

Les agradezco su atención y me pongo a disposición para colaborar en el salto hacia los servicios convergentes de Triple Play.

Atentamente.

Dr. Rodolfo Ángel Santecchia

Desde Rosario, ATVC critica la ley de medios sancionada por el Congreso Nacional

Los cableros expusieron la necesidad de competir en igualdad de condiciones con las telefónicas y destacaron el papel de las redes de los operadores de TV paga.

El acto inaugural del quinto Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cablemódem en Rosario se saturó con críticas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Héctor Delleoni, presidente de la Asociación Santafesina de Televisión por Cable, apuntó que la norma no contempló las más de 700 PyMes que operan en el país.

En la misma línea, Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), criticó las limitaciones hasta 24 licencias en diferentes localizaciones y la restricción a prestar servicios a más del 35% del total nacional de abonados. Burzaco señaló que estas restricciones coartan la expansión de Internet por cablemódem, que no podrá competir en igualdad de condiciones con las telefónicas. El presidente de ATVC resaltó que las telefónicas tienen grandes ventajas a la hora de competir, ya que, al no estar reguladas por la ley, no tienen esas restricciones. Apuntó que mientras que a los cableros se les da un permiso por diez años para explotar sus servicios con posibilidad de extenderlo por diez años más- las telefónicas están regidas por la ley de sociedades que contempla un total de noventa y nueve años.

Burzaco destacó las inversiones en tecnología realizadas a lo largo de los años por la industria del cable, y la importancia de esta industria en el acceso a las redes de banda ancha. Resaltó que el sector no está preparado para competir en un nuevo mercado de servicios convergentes.

En relación al lanzamiento de la Televisión Digital Terrestre (TVD-T), Burzaco señaló a Convergencia que la TDT ya ha afectado a los cableros de las zonas rurales que brindan el servicio de televisión restringida por vía aérea. Burzaco resaltó que derivó en cambio de frecuencias que se tradujo en la necesidad de tener que comprar nuevos equipos de transmisión. Según el presidente de ATVC la TVD-T podría provocar una baja en la cantidad de abonados de televisión paga.

En un segundo panel que reunió al gerente General de Red Intercable, Fabián Di Cicco y al subgerente general de Cablevisión, Roberto Nobile, se presentaron las experiencias de ambas empresas y se consideraron las posibilidades que tiene la infraestructura instalada para la provisión de nuevos servicios convergentes, como la telefonía y la televisión.
Fabián Di Cicco destacó la importancia de la cercanía que tienen los operadores del interior con sus abonados y resaltó la capacidad de competencia de estas empresas en el mercado local. Criticó las tarifas de interconexión y convocó a aliarse para competir con las telefónicas incumbentes.
Roberto Nobile, de Cablevisión, destacó que desde la fusión con Multicanal, la empresa invirtió US$ 600 millones en infraestructura, lo que le posibilitó extender su red de fibra óptica hasta la ciudad de Posadas, con trazados en Santa Fe y Córdoba. Se refirió también a la imposibilidad de lanzar su servicio de telefonía.
Fuente: A Diario (Convergencia)

Presentación ante Audiencias Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación

Señores Diputados:

La Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO), se presenta una vez más a Audiencias Públicas convocadas para tratar la modificación de la ley de Radiodifusión, como lo hiciéramos en 2001, donde incluso presentamos un Proyecto integral.

Cuando el proceso de modificación parlamentaria de la vieja ley de la dictadura fracasó, la CARCO modificó su estrategia de lucha contra la discriminación al sector de la economía social y concurrimos al Poder Judicial a procurar su declaración de inconstitucionalidad.

Lo conseguimos en primera instancia en diciembre de 2001 en el caso “Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Santa Rosa c/ Estado nacional- Comfer”, el cual fue financiado y apoyado por nuestra Organización.

Desde allí en adelante triunfamos en todos los otros fueros judiciales y en septiembre de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió sus famosos fallos, donde por primera vez se declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Radiodifusión.

De esos fallos contundentes de la Corte y no de otra razón, surgió el proyecto de modificación del artículo 45 de dicha ley.

Así se dictó la ley 26.053 en agosto de 2005, que por estos días es olvidada como antecedente por casi todos los analistas.

Precisamente en el trámite de debate dentro de la Comisión de Comunicaciones e Informática, fue cuando se diera el mayor esfuerzo de búsqueda de acuerdos de parte del Movimiento Cooperativo, nucleado en CARCO. Dado el texto limitativo hacia el sector que había sido ingresado por el PEN al Senado, se buscaron consensos que hicieran posible avanzar en la modificación de la ley de la dictadura para democratizar efectivamente las comunicaciones. Debemos reconocer y recordar que todos los bloques parlamentarios buscaron esos acuerdos con buena predisposición, e incluso el bloque mayoritario de ese momento, que podría haber evitado los consensos, pues tenía el número de votos suficiente, hizo esfuerzos muy loables por encontrar una fórmula que sintetizara la voluntad común alcanzada. Por eso se cambió casi por unanimidad el artículo 45.

Recordamos que en ese momento, el Poder Ejecutivo del Presidente Néstor Kirchner se oponía rotundamente a la inclusión de las empresas de servicios públicos como licenciatarias. Por eso el eje del debate giró en torno a cómo cumplir con el Fallo de la Corte que había declarado que la ley de la dictadura era inconstitucional para una cooperativa, precisamente prestadora de servicio eléctrico y telefónico.

Humildemente nos corresponde haber sido los autores de la famosa frase (que incluso hoy está presente nuevamente en el texto del PEN) “… realizar una evaluación integral de la solicitud, que contemple el interés general de la población”; ella no figuraba en el despacho de comisión que se llevó al recinto; pero fue acordado, con participación de CARCO, como fórmula de consenso entre los distintos bloques previo a su tratamiento e incorporada durante el debate en plenario.

Con esto se buscaba resolver el problema de las cooperativas de servicios públicos, a las cuales se pretendía seguir proscribiendo de las licencias.

Sin embargo, cuando el Senado revisó el texto que subiera de Diputados, sobre el cual no podía más que insistir con su proyecto original o aprobar el que volvía, le hizo una sola corrección: Suprimió inconstitucionalmente la frase del consenso alcanzado. Así ninguna empresa de servicios públicos, ni lucrativa ni cooperativa, puede en la actualidad ser titular de licencias.

Por eso hoy, frente a este nuevo esfuerzo de sancionar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, decimos que:

1. El sector Cooperativo, en general, pasó 25 años de exclusión por una discriminación basada en la teoría de la seguridad nacional que impusieron los tiranos de entonces.

2. El Sector Cooperativo de Servicios Públicos, a esa discriminación, le debe agregar cuatro años más, es decir 29 años de exclusión.

3. En ese tiempo, diversas empresas lucrativas obtuvieron licencias de radiodifusión en las miles de comunidades atendidas por cooperativas de Servicios Públicos, mientras a éstas se les negaba el acceso. Pudieron instalarse, crecer, acumular capital y dar los saltos tecnológicos que fueron necesarios, precisamente por la ausencia del sector de la economía solidaria.

4. Pero además, desde agosto de 2000 hasta marzo de 2009 (es decir 103 meses), los gobiernos de De La Rúa, Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner mantuvieron cerrada la venta de pliegos para los denominados Servicios Complementarios, con lo cual la discriminación en este servicio, se vio potenciada, favoreciéndose a niveles aún mayores la concentración de medios.

5. Las cooperativas de la rama de Servicios Públicos, representan según el censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el 41 % del total de cooperativas (página 47); y totalizan a 2005 la cantidad de 1521 entidades (página 49)

6. Sólo sobre las entidades censadas en el momento de la realización del mismo (30/06/05) había 1.466.349 asociados a éstas. (Página 61).

7. Eso significa que casi 6.000.000 de compatriotas reciben servicios públicos de cooperativas en nuestro país. Es decir un 15 % del total de argentinos. Pero si consideramos que en los grandes centros urbanos las cooperativas de servicios públicos son inexistentes, ese porcentaje aumenta sustancialmente sobre el total de usuarios del denominado “interior profundo” donde el estado y las empresas concentradas siempre estuvieron ausentes.

8. Por eso es que el actual proyecto y su redacción final, deben ser a nuestro criterio analizados muy cuidadosamente, pues los tiempos han cambiado, la brecha de desigualdad se ha incrementado y las fórmulas de consenso para permitir el ingreso a las cooperativas de la rama de servicios públicos, que utilizamos en 2005, cuando se mantenía excluidas a todas las empresas prestadoras de servicios públicos, deben ser contrastadas con la situación actual, donde el texto propuesto por el PEN e incluso algunos de otros Diputados, autorizan a las empresas de servicios públicos en general como prestadoras de servicios audiovisuales.

En consecuencia, y basándonos en todo lo antedicho, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionados, en las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proyecto de Ley de la Diputada Silvana Giudice (Artículo 6º Inc. g y Art. 7º, 23º y 28) y en nuestro propio proyecto de ley presentado en 2001.

Y teniendo en cuenta que un artículo esencial del Proyecto es el Nº 12, ya que detalla con minuciosidad las misiones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que establece en su inciso 10) Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación. Y dice en su inciso 13) Promover y estimular la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o abuso de posición dominante en el marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con competencia en la materia.

La CARCO, en representación del sector cooperativo de servicios públicos que aspira a ejercer el derecho de ser titular de licencias para servicios de comunicación audiovisual, considera que la mejor forma de prevenir las prácticas monopólicas en las comunidades servidas y favorecer el ejercicio humano a la libertad de expresión y la comunicación, es precisamente reconocer por parte del Congreso la enorme injusticia cometida durante los últimos 29 años en los cuales las cooperativas de servicios públicos fueron excluidas.

Hoy, son el sector mayoritario del cooperativismo argentino. Son empresas nacionales, locales, autosustentables, que no necesitan ser subsidiadas pues disponen de patrimonio propio acumulado por años de operaciones austeras y reinversión permanente, son auto gestionadas por sus miles de asociados, resumen en si mismo el concepto de oferta y de demanda, pues sus mismos usuarios son los propios dueños de las mismas y por tanto no pueden ni remotamente ser puestas en pie de igualdad regulatoria con las empresas lucrativas de servicios públicos.

Y este simple concepto, se confunde en el artículo 25, pues prácticamente se les da el mismo tratamiento a las cooperativas de servicios públicos que reciban oposición de prestadores actuales, los cuales en general brindaron servicios en exclusividad durante diez o quince años, sin tener regulaciones de calidad, objetivos de universalidad, ni libre accesibilidad, ni tarifa, precisamente porque ellos prestan servicios desregulados, con precios libres y sin control.

¿Hay o no hay monopolio fáctico cuando el prestador de cable de una localidad donde la cooperativa local ha estado excluida por 29 años, es el único prestador al cual tienen acceso los habitantes de esa comunidad?

Nos encontraríamos ante el absurdo que si la empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina, que no es prestadora de servicios públicos en Argentina en la actualidad, se asociara con capitales nacionales teniendo sólo el 30% del mismo, y así se presentara para solicitar una licencia en una localidad donde existiera un prestador de cable desde hace 15 años, operando en exclusividad, obtendría su licencia sin problemas y sin tener que pasar por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En cambio, si en la misma ciudad se presentara la cooperativa eléctrica local, y el prestador desde hace 15 años decide oponerse, la Autoridad de Aplicación deberá solicitar previamente un dictamen vinculante a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Es un absurdo y en el fondo se favorece la concentración y la falta de incorporación de nuevos protagonistas, en este caso del sector no lucrativo.

Se considera apriori e injustamente que las cooperativas de servicios públicos son monopólicas. Nos preguntamos: ¿En qué monopolio los usuarios son los dueños?

¿En qué monopolio los usuarios asumen los riesgos de la explotación de los servicios?

¿En qué monopolio los usuarios pueden elegir a sus autoridades, a sus controladores, e incluso removerlos si no cumplen correctamente sus funciones?

En las cooperativas de servicios públicos todo eso se cumple, porque ni filosóficamente, ni fácticamente, ni legalmente son monopolios… ni nunca lo serán.

La propuesta que hacemos entonces implica la modificación del Artículo 25 del Proyecto del PEN de la siguiente manera:

“Artículo 25

Excepciones

No será aplicado lo dispuesto en el inciso i) del apartado I y el inciso d) del apartado II del artículo 23 cuando:

I.- Se tratare de de personas de existencia ideal sin fines de lucro, que podrán ser titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual.”

Hubiéramos deseado incluir más observaciones a otros artículos, en nuestras propuestas, como hiciéramos en 2001; pero los tiempos son exiguos y nuestro deber democrático nos insta a no rehuir el debate de lo que consideramos el nudo central de nuestras necesidades.

Rodolfo Ángel Santecchia